RTVE.ES / AGENCIAS - WASHINGTON 27.03.2012
La reforma sanitaria de Barack Obama se encuentra en el aire tras la sesión celebrada en el Tribunal Supremo de EE.UU. dedicada al punto clave de la ley, la obligación de comprar un seguro médico a partir de 2014, cuya constitucionalidad ha sido puesta en duda por los jueces de la mayoría conservadora del tribunal.
En la vista de dos horas celebrada ante 400 personas en Washington, el bloque progresista, formado por cuatro magistrados, ha expresado de manera más o menos clara su apoyo a la tesis de la Administración Obama de que el Congreso no superó sus competencias constitucionales al establecer una multa por no adquirir un seguro.
Sin embargo, los conservadores, que son mayoría con cinco magistrados, se han mostrado escépticos con la medida, lo que podría precipitar la eliminación del conocido como mandato individual en el fallo sobre la reforma sanitaria que el alto tribunal dará a conocer el próximo mes de junio, en pleno clima preelectoral de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
Según los periodistas que se encontraban en la sala, los cuatro magistrados progresistas (Ruth Bader, Stephen Beyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan -estas dos últimas nombradas a propuesta de Obama-) han hecho una encendida defensa del mandato individual, dando incluso argumentos al abogado del Estado, que defiende los intereses del Gobierno, Donald Verrilli.
Preguntas incómodas
Sin embargo, los dos jueces conservadores que pueden desequilibrar la balanza a favor del Gobierno, el presidente del tribunal, John Roberts, y el magistrado Anthony Kennedy, han presionado a Verilli acerca de los límites que tendría el poder federal si los que se oponían a comprar un seguro médico son obligados por ley a adquirir uno."¿Se puede crear comercio para regularlo?", le ha preguntado Kennedy a Verilli mientras que Roberts ha establecido un paralelismo sobre la compra de seguro médico y la de teléfonos móviles, según ha relatado el corresponsal judicial del New York Times, presente en la sala.
Otros dos magistrados que también se suponían como dudosos, los más conservadores Samuel Alito y Antonin Scalia han hecho otras preguntas a Verrilli que evidencian su postura.
"¿El hecho de que no haya comprado algo puede hacer que me someta a una regulación?", ha preguntado Scalia, que según el corresponsal de la NBC en la sala, Pete Williams, "no tenía nada bueno que decir sobre la ley".
Alito, por su parte, ha proseguido la comparación de Roberts y se ha preguntado sobre si también habría que obligar a comprar seguros funerarios, según el New York Times.
"No veo de dónde van a sacar los votos para encontrar esta ley constitucional", ha declarado Williams. En la misma línea, Jeffrey Toobin, analista legal de la CNN, también en la sala, ha subrayado que "esta ley parece que va a ser echada abajo".
Posible fracaso de Obama
De ser así, Obama afrontaría un fracaso importante de cara a su reelección, ya que la reforma sanitaria es considerada como su principal logro legislativo y ha sido atacada de forma furiosa por sus opositores republicanos, que se sentirían validados por el fallo del alto tribunal.Con todo, según Reuters, los magistrados dudosos han admitido ante los abogados demandantes, que representan a 26 estados y a la asociación de pequeños empresarios, que, como defiende la Administración Obama, virtualmente todo el mundo va a necesitar cuidado médico a lo largo de su vida, por lo que la sanidad no es un producto convencional que pueden decidir no comprar de forma habitual.
"Eso es lo que me preocupa en el caso", ha declarado Kennedy, que ha recalcado que los ciudadanos jóvenes y sin seguro afectan al conjunto del mercado al no pagar, ya que a largo plazo terminan recibiendo cuidado médico.
Éste es el argumento de Verrilli, que ha relatado que el que haya personas que no pagan seguro ha llevado a que se produzcan 43.000 millones de cuidado sanitario sin pagar cada año, buena cantidad de la cual se pasa a las personas que tienen seguro. Verrilli ha estimado que esto le cuesta a cada familia 1.000 dólares al año.
Por su parte, el representante de los 26 estados que han recurrido esta ley, el abogado de Washington Paul Clemente, que fue procurador general bajo la Presidencia de George W. Bush, ha considerado que el mandato individual "sin precedentes" podría llevar a una intervención del Congreso en la vida de los ciudadanos.
La sesión se produce tras una más técnica dedicada a si el tribunal tenía que decidir sobre este asunto ahora o cuando entre en vigor la ley. El miércoles se cerrará el análisis público de la ley con el tratamiento de otros dos asuntos: si la eliminación del mandato individual debe conllevar el rechazo de toda la ley y si el Estado federal ha cargado con un gasto presupuestario excesivo a los estados al ampliar el número de personas que puede beneficiarse del programa Medicaid, que atiende a los que no pueden permitirse un seguro médico y es financiado por ambas administraciones.
La reforma sanitaria de Obama, en el aire tras las dudas expresadas por los jueces del Supremo
- La obligación de tener un seguro sanitario, a debate en una sesión de dos horas
- Los progresistas defienden la ley pero la mayoría conservadora expresa dudas
- Dos jueces centristas pueden determinar que se elimine o no el artículo
